La CFTC y el DOJ demandaron a Luisiana el 13 de noviembre para impedir que el estado bloquee los mercados de predicción, tras una orden estatal que cerró más de 30 empresas. Quién gana, quién pierde y qué falta por resolver en los tribunales.
La Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC) de Estados Unidos y el Departamento de Justicia (DOJ) demandaron el 13 de noviembre a Luisiana para impedir que el estado bloquee los mercados de predicción. La demanda federal, presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Luisiana, llegó un día después de una orden estatal que cerró más de 30 empresas vinculadas a los contratos de eventos en el estado.
Qué hizo Luisiana
El 12 de noviembre, la fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, demandó a los operadores en un tribunal estatal, alegando que los contratos de eventos ligados a deportes, elecciones y premios son apuestas que exigen una licencia de juego estatal. Horas después, el juez Jeffrey Johnson, del Tribunal Judicial de Distrito 21 en la parroquia de Tangipahoa, firmó una orden de restricción temporal, concedida ex parte, sin que las empresas fueran escuchadas.
La orden prohíbe a las firmas “operar, ofrecer, listar, aceptar, compensar, liquidar, intermediar, crear mercado o facilitar de cualquier otro modo” contratos de eventos en Luisiana sin licencia estatal, y les exige bloquear a los usuarios ubicados en el estado. Entre las empresas señaladas figuran Kalshi, Polymarket US, Robinhood, Coinbase, Crypto.com, Gemini, ForecastEx de Interactive Brokers, IG Group, Novig, Underdog y ProphetX.
El contraargumento federal
La CFTC, junto con el DOJ, sostiene que los contratos de eventos negociados en mercados regulados por la CFTC son swaps bajo la Ley de Bolsa de Materias Primas (CEA), por lo que las leyes estatales de juego quedan desplazadas. Pide una sentencia declarativa y una orden que impida a Luisiana aplicar su ley estatal a esos mercados, incluida cualquier prórroga de la orden de Tangipahoa.
“Los contratos de eventos se han negociado abiertamente en Luisiana durante años, cumpliendo con la Ley de Bolsa de Materias Primas y las normas de la CFTC”, dijo el presidente de la CFTC, Michael S. Selig, que calificó la acción estatal de “lawfare descarado y un truco político cínico”.
Quién gana y quién pierde
Los ganadores inmediatos de la demanda federal son las plataformas de mercados de predicción: la CFTC actúa de hecho como su escudo mientras los tribunales dirimen la jurisdicción. La fiscal general de Luisiana, en cambio, pierde la iniciativa si un juez federal suspende la orden estatal.
Los perdedores, por ahora, son los usuarios de Luisiana que no pueden operar contratos deportivos y electorales en las plataformas señaladas. El sector en conjunto también asume un coste: cada batalla estatal añade incertidumbre jurídica y carga de cumplimiento, y las plataformas deben decidir si bloquean por geolocalización o litigan mercado por mercado.
El duodécimo estado y un patrón más amplio
Luisiana es el duodécimo estado al que la CFTC demanda para defender lo que llama su jurisdicción exclusiva sobre los mercados de derivados. La agencia también ha presentado escritos amicus curiae ante cuatro tribunales federales de apelación y un tribunal supremo estatal, y demandó por separado a Arkansas. El patrón apunta a una estrategia federal coordinada, más que a una disputa puntual.
Cabe destacar que Kalshi había demandado antes, de forma preventiva, a responsables de Luisiana —entre ellos el gobernador Jeff Landry y Murrill— en un tribunal federal, buscando bloquear el cierre de su plataforma de deportes.
Lo que aún no se sabe
Hay dos incógnitas. La primera, si un juez federal suspende la orden estatal antes de que cause efecto: la orden de restricción temporal dura 10 días salvo prórroga, y la vista sobre la petición de medida cautelar de Luisiana está fijada para el 30 de noviembre. La segunda, la cuestión de fondo —si los contratos de eventos son swaps de regulación federal o juego estatal—, que los tribunales todavía no han resuelto de forma uniforme.
Hasta entonces, ambos bandos ganan tiempo. Las plataformas siguen operando donde pueden, Luisiana insiste en su exigencia de licencia, y la respuesta decisiva llegará probablemente de un tribunal superior, no de este.
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